Una vez más los dirigentes gremiales que representan a los empleados públicos ante el gobierno, en las negociaciones por el reajuste salarial del sector, parecen mostrar escaso interés por lograr un acuerdo sensato o, lisa y llanamente, actúan de espaldas a la realidad del país. Partir pidiendo un incremento nominal del 8%, sabiendo que la estimación de la inflación para el período gira en torno a 2,9%, implica una exigencia de crecimiento real de sus salarios de 5,1%. Esta última cifra no se condice con la situación que experimentan los sueldos en el sector privado y, todavía menos, con el de las arcas fiscales que dejó como herencia el gobierno anterior.
Álvaro Pezoa
28 de noviembre del 2018
