"Este proyecto (de ley) es antipobres" ha declarado recientemente el diputado Winter (FA), manifestando su posición contraria a mantener la multa a aquellos ciudadanos que, bajo el régimen de voto obligatorio vigente, no acudan a votar en las próximas elecciones. La debilidad de su argumentación ha sido motivo de numerosas columnas y comentarios, al tiempo que ha obligado a su propia tienda a desmarcarse de sus afirmaciones. La intención -siempre el aspecto más difícil de clarificar a la hora de efectuar una valoración moral- de sus declaraciones, ha sido también motivo de profusas críticas. En síntesis, la evidencia disponible indica que el voto de los sectores más desposeídos no favorecería electoralmente a los colores del congresista, por lo tanto, convendría transformar -de facto- el sufragio obligatorio en voluntario, pues ese grupo de personas es el que menos concurre a las urnas cuando no hay sanción por incumplir este deber cívico.
La "movida" implícita que justificaría esta iniciativa deja expuesta una de las malas prácticas más graves que experimenta la actividad política: la desembozada utilización que se hace de las personas, en particular de aquellas denominadas o enmarcadas en la categoría de "pobres". Se trata de un vicio recurrente en política -y, ostensiblemente, en cierta izquierda- que no hace sino corromperla, al paso que denostarla.
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Álvaro Pezoa B.
02 de julio del 2024
