Combatir la corrupción en la sociedad chilena requiere de un enfoque integral que aborde tanto las causas estructurales y jurídicas como los factores culturales que permiten su proliferación. Un aspecto clave al respecto es el fortalecimiento institucional, esto es, la existencia de instituciones sólidas, independientes y transparentes. Estas deben ser efectivas en la prevención y sanción de prácticas corruptas y, para ello, independientes del poder político y económico.
Paralelamente, resulta crucial aumentar la trazabilidad y claridad en los procesos gubernamentales. Esta tarea puede valerse del uso de tecnologías para hacer públicos los contratos, licitaciones y movimientos financieros del Estado en plataformas accesibles para todos los ciudadanos. La Ley de Transparencia, ya existente, puede ser reforzada para asegurar que el acceso a la información sea más amplio y los organismos respondan con mayor rapidez a las solicitudes ciudadanas.
Asimismo, es necesario seguir perfeccionando el marco legal que regula la corrupción, línea de acción que podría incluir el endurecimiento de las sanciones por actos corruptos, como el soborno, e implantar reformas judiciales que aseguren que los jueces y fiscales sean verdaderamente independientes y capaces de actuar sin presiones externas. Avanzar en la transparencia en el nombramiento y la evaluación de aquellos también parece vital en este campo.
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Álvaro Pezoa B.
08 de octubre del 2024
