La informalidad laboral es uno de los desafíos más apremiantes de nuestra sociedad, ya que involucra aproximadamente a un tercio de los ocupados en Chile -2,5 millones de personas- que trabaja sin ningún tipo de protección social y, por ende, en situación de alta vulnerabilidad.
Con ello en mente, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) y la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), conformaron el año pasado la Mesa de Formalidad Laboral.
Esta instancia se reunió periódicamente entre septiembre y febrero, y estuvo integrada por 15 destacados especialistas, entre ellos nuestra Directora Cecilia Cifuentes.
El informe final propone 15 medidas de corto, mediano y largo plazo, que apuntan a generar o agilizar cambios de conducta en los chilenos, que vayan en pos de incentivar la cotización en seguridad social y la formalidad laboral.
Para ello, se abordan distintas líneas de acción, relacionadas con el sistema de pensiones, mejoras en la fiscalización, revisión de los subsidios, fortalecimiento de la educación técnica, disminución de burocracia, temas de inmigración, entre otras.
Además, el informe destaca tres principales propuestas en las que las políticas públicas debieran comenzar a enfocarse. La primera es fomentar la formalidad laboral de los jóvenes, por la vía de realizar mejoras al Subsidio al Empleo Joven. La segunda busca abordar la informalidad laboral en los independientes o emprendedores, condicionando ciertos permisos para operar al cumplimiento de cotizaciones de seguridad social. La tercera propuesta destacada, apunta a analizar un rediseño de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Cada una de estas medidas, que podrían implementarse en un plazo breve, está respaldada por datos que confirman su relevancia: una alta informalidad en los jóvenes (36,7%), por sobre el promedio; el hecho que los trabajadores independientes constituyen aproximadamente el 25% de la fuerza laboral y que el 90,4% de ellos no cotiza (es decir, casi 2,2 millones de trabajadores); y la evidencia que muestra que la estructura actual de la PGU no genera incentivos a reducir las lagunas previsionales y con ello elevar la formalidad laboral.
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