La ley de delitos económicos fue diseñada para sancionar prácticas corruptas y fraudulentas, pero también trae consigo riesgos que podrían tener un efecto inhibidor sobre la innovación empresarial. Aunque la intención de la ley es positiva, una posible consecuencia no deseada es la ralentización del dinamismo y la creatividad propias de las empresas innovadoras. La ley genera incertidumbre porque algunas de sus normas son ambiguas. Es difícil prever cómo van a actuar fiscales y jueces frente a denuncias de dudoso fundamento. Esto fuerza a las empresas a blindarse, compeliéndolas a actuar con excesiva cautela, lo que debilita la cultura de la innovación.
Que una nueva ley de delitos económicos genere cierto temor, incertidumbre y algún nivel de parálisis de iniciativas tiene precedentes en otros países. En Alemania, a principios de la década de 2000, irrumpieron regulaciones ambientales estrictas, lo que inicialmente asustó a muchas empresas. Estas normas, aunque cruciales para la sostenibilidad, generaron reticencia a invertir en nuevas tecnologías por miedo a incumplimientos inadvertidos y a las consiguientes sanciones.
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