¿Y qué pasa con las fundaciones que hacen bien las cosas?: lineamientos para sobrevivir y cuidar en tiempos adversos

El pasado jueves 29 de junio detonó la controversia concerniente a las fundaciones, ocasionando un sinnúmero de consecuencias políticas, económicas y, por sobre todo, sociales. Como Centro para el Desarrollo de Iniciativas Sociales no quisimos quedarnos al margen de esta situación, por lo que estimamos la importancia de reflexionar, trascender la polémica mediática y re-posicionar el foco en aquellos verdaderamente afectados: las personas y sus familias. Mediante una Carta al Director en el diario El Mercurio manifestamos nuestras inquietudes, y con esta publicación queremos mostrar la reflexión completa.

Tras la polémica ocurrida con Democracia Viva en la región de Antofagasta, el pasado jueves 29 de junio se detonó otra controversia de índole similar, al punto de colapsar las confianzas sociopolíticas e institucionales y, con ello, ocasionar un desastre en el ecosistema de las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Dado el carácter mediático de esta controversia, terminó siendo denominada como el "caso fundaciones" por parte de los medios de comunicación.

En esta ocasión los eventos acontecieron en la región del Maule, donde se revelaron transacciones millonarias entre la ONG Urbanismo Social y ciertos militantes del partido político Revolución Democrática. Esta lamentable situación advierte una posible corrupción que no solo estaría detentando la integridad del sistema político, sino que también a la valorable labor de las fundaciones y organizaciones sociales chilenas.

Con el descubrimiento de estas malas prácticas, procesos de investigación por parte de la Fiscalía se han llevado a cabo desde ese entonces, lo que ha comprometido el financiamiento gubernamental de todas las fundaciones en Chile. De esta manera, las organizaciones sociales sin fines de lucro se han visto en la posición de suspender sus proyectos, afectando así a su quehacer cotidiano de beneficiar, potenciar y ayudar a aquellos grupos de la sociedad más desaventajados, además de suscitar la posibilidad de quiebra para muchas entidades que a priori se encontraban económicamente sofocadas.

Independiente del partido político en cuestión –dado que las polémicas y malas prácticas históricamente provienen de cualquier sector– aparece como imperiosa la reflexión en torno a las nefastas consecuencias para aquellas entidades que buscan impactar y aportar positivamente a la sociedad, así como también para aquellos individuos que requieren de una ayuda inmediata. En este sentido, la problemática descansa en que el sistema ha obstaculizado el empoderamiento de las fundaciones y organizaciones sociales de manera tal que puedan autosostenerse en momentos de crisis –ya sea dificultando el acceso a conocimiento científico y/o prácticas innovadoras exitosas de otros contexto, o subyugándolas a un segundo plano y priorizando otras entidades que detentan mayor poder político o económico. En definitiva, la existencia de una regulación extremadamente lenta e insuficiente –destacando solo la Ley N°20.500 (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2011) que supuso una creciente inscripción y cierta formalización de estas organizaciones–, y que su principal fuente de financiación sea el Estado les ha supuesto una condición de dependencia y debilidad ante situaciones adversas. La frustración colectiva que ha supuesto esta situación y, con ello, la reflexión sobre la necesidad de una formalización seria es expresada por Mónica Gana Arteaga, Directora Ejecutiva de la Fundación Casa Familia:

"Es injusto y duro cuando aparece una fundación que es básicamente una maquinaria para robar y que se meta en el mismo saco a todas las fundaciones, porque tiene que ver con una falta de control desde el Estado. Los culpables no somos las fundaciones... y la sociedad civil. Pero también lo veo como una tremenda oportunidad para (...) gestionar estos mecanismos de control y transparencia, que sean obligatorios para todas las organizaciones"

Parece ser que estas oscuras experiencias que vivimos en conjunto, como sociedad, otorgan la posibilidad de aprender de nuestros errores y corregir ciertos paradigmas preestablecidos en pos de construir un mundo mejor. Por ejemplo, desde ya el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentra trabajando en la solicitud del proyecto "Fundaciones Transparentes", a fin de obligar a estas entidades la facilitación de información relevante, regular la asignación de recursos y aplicar sanciones cuando corresponda. Quizás la lección de todo esto, más allá de castigar social y jurídicamente a unos pocos que incurren en esta clase de delitos –ya que no solo ha conllevado la pérdida de los puestos de trabajo de estas personas, sino que también la reciente quema de la sede de RD como símbolo del enojo por parte de la sociedad civil–, es reflexionar en torno a la verdadera víctima: las personas, tanto los beneficiados como los beneficiarios.

En consecuencia, la tarea que nos queda como ciudadanos es fortalecer a aquellas entidades que buscan suplir las necesidades de la sociedad civil que ni el Estado ni las empresas son capaces de contemplar al carecer de los conocimientos y los recursos necesarios –tanto materiales como humanos– para la ejecución de aquella labor. Por ende, es menester que los políticos y los empresarios le otorguen a las fundaciones y organizaciones sociales la importancia que les compete, posicionando como urgente su regulación y trabajo conjunto, buscando el diálogo y la interconexión para construir una sociedad mejor, de manera tal que la integración y el altruismo también sean considerados como valores sociales esenciales.